La ley de procedimiento administrativo regula los procesos para que los requisitos y documentos tengan validez.
Esta ley busca mejorar la agilidad de los procesos administrativos, logrando que los tiempos de tramitación sean más cortos y haciendo uso de los medios electrónicos.
Tomando en cuenta que el procedimiento administrativo es un requisito esencial de validez de los actos administrativos, se requiere de una ley que pueda regular dichos efectos.
¿Quieres conocer más sobre esta ley, y los beneficios que otorga?, síguenos hasta el final.
Índice de contenidos
¿Qué es la ley de procedimiento administrativo común?
La Ley de procedimiento administrativo común es una ley que impulsa la organización y el desarrollo de la administración electrónica, donde se busca agilizar los procedimientos administrativos reduciendo los tiempos de tramitación.
Con la Ley del Procedimiento Administrativo Común se puede generar una administración interconectada, optimizando los procesos y logrando que estos sean más efectivos.
¿Cuál es el objetivo de dicha Ley?
Esta ley está actualizada en la Ley 39/2015 del 01 de octubre, estableciendo como uno de sus principales objetivos: sistematizar toda la regulación relativa al procedimiento administrativo.
Es una ley que busca que las Administraciones Públicas puedan relacionarse a través del procedimiento administrativo, que funciona como garantía de los derechos de los ciudadanos, y del propio interés público.
Es un proceso en donde la eficacia administrativa debe permitir que los ciudadanos conozcan el procedimiento a seguir.
¿Qué es el procedimiento administrativo común?
Para tener más claridad en los términos, el procedimiento administrativo común es una serie de actos que pueden concretar una acción administrativa con un fin determinado.
En este proceso se fijan objetivos, metas a lograr y tiempo.
El fin de este procedimiento, está adaptado en la demostración de un acto administrativo al servicio de los intereses generales.
Este procedimiento se configura con una herramienta desarrolla una serie de hechos relevantes y fundamentos jurídicos, con una serie de garantías que tiene el ciudadano, lo que permite que la administración no actué de forma arbitraria.
En tal sentido, podemos concluir que el procedimiento administrativo común es la vía que ofrece la Administración Pública para producir actos administrativos, garantizando una participación adecuada, según los intereses generales.
Este procedimiento se desarrolla en las siguientes fases:
- Iniciación
- Ordenación
- Instrucción
- Finalización
- Ejecución
¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta Ley?
En primero lugar, esta Ley tiene un área de cobertura a todo el sector público, lo cual incluye los siguientes campos:
- La administración general del Estado
- Las entidades que comprenden los ayuntamientos locales
- El sector público institucional
- La administración de las comunidades que son autónomas
Asimismo, esta regulación también se aplica para organismos públicos que estén vinculados con las administraciones públicas.
Las entidades de derecho privado que también posean una dependencia a las administraciones públicas, podrán estar sujetas a esta ley, al igual que las universidades públicas que fueron anexadas en las últimas regulaciones.
Y por último, el ámbito de regulación se extiende a las corporaciones de Derecho Público, que son específicas en el ejercicio de las funciones públicas.
¿Quiénes pueden participar en la Ley de procedimiento administrativo común?
En cuanto a la capacidad de obrar o participar en dicha Ley, nos encontramos que en esta regulación pueden participar personas físicas o jurídicas, que muestren la capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
Asimismo, los menores de edad pueden obrar en el ejercicio y defensa de sus derechos, según la atención que esté permitida por un orden jurídico, que no requiera de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
En esta ley se exceptúa los menores incapacitados, cuando esta afecte el ejercicio y la defensa de los derechos o intereses de que se trate.
¿Cómo se clasifican los interesados en el proceso administrativo?
Los interesados en el proceso administrativo común se clasifican en:
- Los que promueven a través de titulares, derechos o intereses legítimos e individuales.
- Los que tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
- Las personas cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, estén afectados por la resolución.
- Asociaciones u organizaciones, que contengan intereses económicos y sociales, con titulares legítimos y colectivos, que sean reconocidos por la Ley.
¿Cómo son representados los interesados según la Ley?
En el capítulo I artículo 5 de dicha Ley, se explica detalladamente la representación de dicha Ley:
Para los interesados con capacidad de obrar, estos pueden participar por medio de un representante que extiende las actuaciones administrativas.
Las personas físicas con capacidad de obrar, podrán actuar en representación de otras antes las administraciones públicas, siempre y cuando este previsto en sus estatutos.
Lo mismo aplica para las personas jurídicas.
La representación también debe acreditarse para formular solicitudes, declaraciones responsables o comunicaciones. Estos y otros actos de trámites, requieren de una representación.
Se puede acreditar siempre y cuando el medio sea válido en derecho, donde se deje una constancia fidedigna de su existencia.
Finalmente, la representación acreditada podrá mediante el apoderamiento apud, será efectuada en comparecencia personal o electrónica en la correspondiente sede electrónica o, a través de un registro.
Los requisitos que deberán consignar los interesados
Para los procedimientos administrativos, es importante que los interesados cuenten con su identidad a través de los medios ya señalados por la Ley.
Además, las administraciones públicas solo requerirán que los interesados contemplen el uso obligatorio de la firma, según estos casos:
- Formular solicitudes
- Interponer recursos
- Renunciar a acciones
- Desistir a derechos
- Presentar declaraciones responsables
Los derechos de los interesados en sus relaciones con las administraciones públicas
Este es otro elemento importante de conocer, cuando se desea obrar dentro de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
Derecho a:
- Comunicarse con las Administraciones Públicas a través del punto de Acceso general electrónico de la administración
- Ser asistidos con el uso de medios electrónicos en su relación con entes y administraciones públicas
- Utilizar lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma
- Al acceso de la información pública
- Ser tratados con respeto por las autoridades y empleados públicos, que le ofrezcan la facilidad de trámites y el ejercicio de sus obligaciones
- Obtener medios de identificación y firma electrónica
- Protección de datos personales y la confidencialidad en las aplicaciones de las administraciones públicas
Estos y otros derechos que sean reconocidos en el proceso administrativo de dicha Ley.
¿Quiénes deben relacionarse a través de medios electrónicos?
La ley implica que es obligatorio el medio electrónico como método de relación, para la realización de ciertos trámites en al menos las siguientes personas:
- Personas jurídicas
- Entidades sin personalidad jurídicas
Aquellos que ejerzan actividad profesional, donde se requiera una colegiación obligatoria, según los trámites que se relacionen con las administraciones públicas.
Además, se añaden a los que representen un interesado, que este obligado a relacionarse electrónicamente con la administración.
También es un medio obligatorio para los empleados de las Administraciones Públicas, que requieran de trámites o actuaciones que se determinen por cada administración.
Asimismo, la obligación de relacionarse a través de medios electrónicos para determinados procedimientos, y para ciertos colectivos de personas físicas por su razón económica, técnica y profesional.
Conclusión
Finalmente, es importante aclarar que la Ley de Procedimiento Administrativo Común se encuentra regulada en la actual Ley 39/2015 del 01 de octubre.
Cuenta con una serie de objetivos que se enlazan a través de un sistema de regulación integrado con el contenido de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
Actualmente, esta ley fue regulada con una nueva concesión con la Ley 39/2015, de 01 de octubre.
Es importante mencionar, que los objetivos de la nueva ley buscan en cierta forma disminuir y simplificar los procedimientos administrativos y su integración, aumentando así la seguridad jurídica.
En este proceso se requiere un pleno funcionamiento electrónico, que se señala a través de motivos y principios constitucionales de eficacia y seguridad jurídica, que se rigen a través de las Administraciones Públicas.