Las penas por delito fiscal necesitan de una serie de factores a considerar para poder ser procesadas según la ley. Dicha penas pueden variar según la cantidad de dinero en deuda con la Hacienda y el método para el fraude.
No todas las personas pueden cometer delitos fiscales y entre las que sí, no siempre se puede considerar como delito. De igual forma, la persona que debe dinero fiscal, puede librarse de la acusación si realiza algunos actos legales determinado.
Aquí hablaremos sobre las penas por delito fiscal, a partir de cuánta cantidad se toman en cuenta y sus duraciones.
Fundamentos y acepciones básicas de las penas por delito fiscal
Un delito fiscal es un acto de evasión, omisión o engaño a la institución pública de administración fiscal del país. En el caso de España, corresponde a la Hacienda Pública Estatal, autonómica, foral o local que administra dichos recursos tributarios.
Dentro de este delito fiscal se incluye la evasión de impuestos, la no declaración de tributos u obtener beneficios ilegalmente. También está la obtención de devoluciones de forma indebida y situaciones referentes a no tener una acción fiscal de ley.
Sólo las personas que tienen responsabilidad tributaria con el país a través de normas, son capaces de cometer delitos fiscales. Esto incluye a las personas naturales activas, al igual que a las personas jurídicas o empresas que pagan sus tributos.
En los delitos fiscales está incluido el ocultamiento de patrimonios que provienen de acciones ilícitas, no correspondientes a la ley. Este tipo de acciones puede ser la venta de drogas, tratas de blancas, hurto, secuestro o cualquier situación ilegal similar.
Para que se considere que una persona está cometiendo el delito fiscal, tiene que existir la intención premeditada al mismo. Esto quiere decir que no basta con sólo no pagar el impuesto o tributo, sino también que exista la intención.
La única forma de no ser procesado por delito fiscal es que la persona pague antes de iniciar la investigación. También aplica antes de que se tramite la denuncia por parte de las instituciones correspondientes a la función de tributo.
Esta gestión le corresponde a la Administración Tributaria, conjuntamente con el sistema legal del país, para realizar las sentencias correspondientes. También es su jurisdicción realizar los cobros a las personas deudoras que aún no se encuentran dentro del delito fiscal.
Estas son las características más relevantes sobre las penas por delito fiscal y las acciones referentes a esta categoría legal.
Montos de deudas para ejercer las penas de este delito
El monto mínimo para que la Hacienda Pública considere una deuda como parte de delito fiscal es de 120.000 Euros. Los montos de dinero menores a este son infraccionados con multas y sanciones de tipo administrativas a las personas deudoras.
Sin embargo, hay una excepción a este monto mínimo, cuando se tiene deuda con al Hacienda de la Unión Europea. El monto mínimo de deuda para que esta institución lo considere como un delito fiscal es de unos 50.000 Euros.
Estos son los delitos fiscales de categoría básica, ya que existen otro tipo de situaciones o acciones fiscales más graves. Las mismas dependen de una serie de características importante que el deudor tiene que cumplir para su sentencia más agravada.
En primer lugar, se considera como un delito fiscal agravado cuando la deuda a la Hacienda excede los 600.000 Euros. Por otro lado, se incluye en situación grave a los fraudes que se cometen dentro de ejercicios criminales o ilegales.
También se incluye a las situaciones donde se haya hecho fraude con sociedades falsas, personas intermediarias o los paraísos fiscales. Se basa principalmente en dificultar u ocultar un patrimonio o la persona que cometió el delito fiscal en primer lugar.
En caso de que una persona pague su deuda habiendo ya iniciado la investigación, se puede reducir su pena final. Se trata de una forma de premiar al deudor, reduciendo las sanciones o sentencias que le corresponden a la persona.
También se encuentran los fraudes de subvenciones, que consiste en conseguir la ayuda pública de una forma ilegal o falsa. Para que se considere delito, también tiene que alcanzar los 120.000 Euros mínimos, siendo infracciones para montos menores de dinero.
Estas son las situaciones que pueden aplicar para penas por delito fiscal y cuáles son sus características relevante se importantes.
Sentencias judiciales, multas, infracciones administrativas o penas por este delito
Para delitos de fraudes fiscales de tipo básico, se sentencia de 1 a 5 años de prisión, además de multa. También se les prohíbe tener subvenciones, ayudas públicas o beneficios de la Seguridad Social de entre 3 a 6 años.
En caso de que sea delito agravado, la sentencia es de 2 a 6 años de prisión y la multa. Al igual que la clasificación anterior, no se permite ningún tipo de ayudas que provengan del Estado o sus instituciones.
Por último, se encuentra el fraude de subvenciones, que tiene como pena judicial la prisión de 1 a 5 años. También se impone la multa al igual que los casos anteriores de los otros tipos de delito fiscal que mencionamos.
Dicha multa equivale a 6 veces más el valor de la deuda total que se tiene con la Hacienda Pública. Esto representa un gran valor a pagar, por lo cual lo mejor es responder a las deudas legalmente a tiempo.
Cuando se emite la sentencia correspondiente al deudor a procesar, también se debe gestionar una declaración obligatoria del delito cometido. Esto permite que el sistema de Administración tributaria pueda cobrar su deuda sin inconvenientes de propiedad de la persona deudora.
A través de los años se han disminuido los casos de delitos fiscales en todo el país, disminuyendo la deuda. Cada vez son más las personas activas que toman en cuenta la responsabilidad tributaria y su aporte correspondiente al Estado.
Estos son todos los puntos principales referentes a las penas por delito fiscal en España y sus regulaciones en ley.